Cohecho
Nuestro Código Penal de la Nación Argentina, tipifica el delito de cohecho como aquel por el cual una persona por sí o a través de terceros ofrece dádivas, favores, promesas o ventajas a un funcionario público para que en el ejercicio de sus funciones realice u omita realizar un acto que es propio de su competencia, penando de igual manera al funcionario que acepta las mismas y agravando en ambos casos las penas cuando el funcionario involucrado revista como magistrado en el Poder Judicial o Ministerio Público.
A partir del dictado de la Ley N° 25.825, nuestra legislación extiende el alcance de dicho tipo legal cuando el mismo involucre a funcionarios extranjeros u organismos internacionales, en asuntos vinculados a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.
El cohecho internacional influye directamente en la marcha de los negocios, dado que los efectos de la corrupción pública no limitan su impacto “puertas adentro”, sino que sus consecuencias repercuten también en la forma en que las empresas se desenvuelven fuera de sus países de origen. Este impacto se traduce en que las empresas que participan de este delito consiguen “más y mejores” contratos internacionales mediante la entrega de sobornos.
La comunidad internacional, a partir de una iniciativa gestada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha llevado adelante esfuerzos destinados a evitar que las empresas corrompan a los funcionarios públicos extranjeros mediante la entrega de dinero u otra clase de ventajas en el ámbito de las transacciones internacionales.
¿Qué es la OCDE?
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo internacional, con sede en París, Francia, integrado por 30 Estados Parte, que tiene como objetivo principal suministrar a los gobiernos un ámbito donde discutir, desarrollar y perfeccionar políticas sociales y económicas.
En el ámbito de esta Organización, Argentina suscribió la “Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales”.
La República Argentina tiene en el ámbito general de la OCDE el status de país observador, pero es miembro pleno del “Grupo de Trabajo sobre Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales”. La Oficina Anticorrupción es el área del Estado responsable de representar a la República Argentina ante este organismo
¿Qué es la Convención?
Es un acuerdo a través del cual los países firmantes establecen medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que cometen, den, ofrezcan o encubran gratificaciones a Funcionarios Públicos Extranjeros que participen en Transacciones Comerciales Internacionales.
La Convención tiene por objeto eliminar la competencia desleal generada por dádivas ilegales y castigar o penalizar a las empresas y a las personas que otorguen pagos a Funcionarios Públicos con el fin de beneficiar sus negocios. Es necesario cumplir con la Convención, a fin de crear igualdad de oportunidades y una relación comercial transparente en las transacciones. Contribuye a mejorar la elegibilidad como país receptor de inversiones.
Marco normativo
La legislación argentina tipifica y penaliza la figura de cohecho internacional en el artículo 258 bis del Código Penal.
El mismo establece que:
Situación de la República Argentina
Nuestro país, en general, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en particular, receptaron las Recomendaciones de la OCDE, sobre las pautas de detección de pagos por cohecho internacional a funcionarios públicos extranjeros, elaborando procedimientos y normativas internas a ser utilizados por los funcionarios del organismo, que en general replican varias de las premisas contenidas en el manual del citado organismo internacional para inspectores fiscales para la detección del cohecho.
Impacto fiscal: no deducibilidad de gastos generado a partir de actos de cohecho
El objetivo principal de la Convención de la OCDE respecto de la no deducibilidad del cohecho a funcionarios públicos extranjeros, consiste en poner fin a la pretensión de considerar los importes erogados en tal concepto, como un gasto impositivamente deducible.
Dicho objetivo resulta coherente con el criterio según el cual, el cohecho internacional, no es tratado como un concepto normal o necesario en las transacciones de negocios sino que, por el contrario, se trata de un delito criminal sujeto a serias penas.
En tal sentido cabe aclarar que nuestra legislación, desde mucho antes de la Convención misma, ha establecido en el artículo 37 de la Ley N° 20.628 (Impuesto a las Ganancias), que cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas –situación que se da en el caso de cohecho-, no se admitirá su deducción en el balance impositivo, estableciendo incluso que, en tal circunstancia, dicho gasto se encontrará sujeto al pago definitivo en una tasa del 35 %.
Sanción ante el incumplimiento
Nuestra Legislación tipifica y penaliza la figura de cohecho internacional en el art. 258 bis del Código Penal. El mismo establece que:
“Será reprimido con reclusión de UNO (1) a SEIS (6) años de inhabilitación perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciera u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una Organización Pública Internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas en dinero o cualquier objeto pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajes, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, finaciera o comercial.”
¿A quién se aplica?
¿Quiénes deben cumplir los lineamientos de la convención?
Nuestro Código Penal de la Nación Argentina, tipifica el delito de cohecho como aquel por el cual una persona por sí o a través de terceros ofrece dádivas, favores, promesas o ventajas a un funcionario público para que en el ejercicio de sus funciones realice u omita realizar un acto que es propio de su competencia, penando de igual manera al funcionario que acepta las mismas y agravando en ambos casos las penas cuando el funcionario involucrado revista como magistrado en el Poder Judicial o Ministerio Público.
A partir del dictado de la Ley N° 25.825, nuestra legislación extiende el alcance de dicho tipo legal cuando el mismo involucre a funcionarios extranjeros u organismos internacionales, en asuntos vinculados a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.
| Cohecho Internacional |
IMPORTANCIA DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES |
El cohecho internacional influye directamente en la marcha de los negocios, dado que los efectos de la corrupción pública no limitan su impacto “puertas adentro”, sino que sus consecuencias repercuten también en la forma en que las empresas se desenvuelven fuera de sus países de origen. Este impacto se traduce en que las empresas que participan de este delito consiguen “más y mejores” contratos internacionales mediante la entrega de sobornos.
La comunidad internacional, a partir de una iniciativa gestada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha llevado adelante esfuerzos destinados a evitar que las empresas corrompan a los funcionarios públicos extranjeros mediante la entrega de dinero u otra clase de ventajas en el ámbito de las transacciones internacionales.
¿Qué es la OCDE?
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo internacional, con sede en París, Francia, integrado por 30 Estados Parte, que tiene como objetivo principal suministrar a los gobiernos un ámbito donde discutir, desarrollar y perfeccionar políticas sociales y económicas.
En el ámbito de esta Organización, Argentina suscribió la “Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales”.
La República Argentina tiene en el ámbito general de la OCDE el status de país observador, pero es miembro pleno del “Grupo de Trabajo sobre Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales”. La Oficina Anticorrupción es el área del Estado responsable de representar a la República Argentina ante este organismo
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Página web de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) | ||
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Página web de la Oficina Anticorrupción | ||
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Folletería disponible | ||
¿Qué es la Convención?
Es un acuerdo a través del cual los países firmantes establecen medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que cometen, den, ofrezcan o encubran gratificaciones a Funcionarios Públicos Extranjeros que participen en Transacciones Comerciales Internacionales.
La Convención tiene por objeto eliminar la competencia desleal generada por dádivas ilegales y castigar o penalizar a las empresas y a las personas que otorguen pagos a Funcionarios Públicos con el fin de beneficiar sus negocios. Es necesario cumplir con la Convención, a fin de crear igualdad de oportunidades y una relación comercial transparente en las transacciones. Contribuye a mejorar la elegibilidad como país receptor de inversiones.
Marco normativo
La legislación argentina tipifica y penaliza la figura de cohecho internacional en el artículo 258 bis del Código Penal.
El mismo establece que:
“Será reprimido con reclusión de UNO (1) a SEIS (6) años e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una Organización Pública Internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.” |
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Código Penal | ||
Situación de la República Argentina
Nuestro país, en general, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en particular, receptaron las Recomendaciones de la OCDE, sobre las pautas de detección de pagos por cohecho internacional a funcionarios públicos extranjeros, elaborando procedimientos y normativas internas a ser utilizados por los funcionarios del organismo, que en general replican varias de las premisas contenidas en el manual del citado organismo internacional para inspectores fiscales para la detección del cohecho.
Impacto fiscal: no deducibilidad de gastos generado a partir de actos de cohecho
El objetivo principal de la Convención de la OCDE respecto de la no deducibilidad del cohecho a funcionarios públicos extranjeros, consiste en poner fin a la pretensión de considerar los importes erogados en tal concepto, como un gasto impositivamente deducible.
Dicho objetivo resulta coherente con el criterio según el cual, el cohecho internacional, no es tratado como un concepto normal o necesario en las transacciones de negocios sino que, por el contrario, se trata de un delito criminal sujeto a serias penas.
En tal sentido cabe aclarar que nuestra legislación, desde mucho antes de la Convención misma, ha establecido en el artículo 37 de la Ley N° 20.628 (Impuesto a las Ganancias), que cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas –situación que se da en el caso de cohecho-, no se admitirá su deducción en el balance impositivo, estableciendo incluso que, en tal circunstancia, dicho gasto se encontrará sujeto al pago definitivo en una tasa del 35 %.
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Ley de Impuesto a las Ganancias | ||
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Normas Relacionadas | ||
Sanción ante el incumplimiento
Nuestra Legislación tipifica y penaliza la figura de cohecho internacional en el art. 258 bis del Código Penal. El mismo establece que:
“Será reprimido con reclusión de UNO (1) a SEIS (6) años de inhabilitación perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciera u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una Organización Pública Internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas en dinero o cualquier objeto pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajes, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, finaciera o comercial.”
¿A quién se aplica?
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¿Quiénes deben cumplir los lineamientos de la convención?
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