Foro de Participación Tributaria

Reunión Nº 5

Fecha: 17 de Marzo de de 2010.-

Presidencia: Cont. Angel Rubén Toninelli, Dirección General Impositiva



Material




En Hipólito Yrigoyen 370 -2º Piso- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Marzo del año 2010, se reúnen:


Por la Administración Federal de Ingresos Públicos:

El Presidente del Foro de Participación Tributaria (Director General de la Dirección General Impositiva) y el Secretario Permanente (Director de la Dirección de Coordinación y Evaluación Técnica);
De la SDG TÉCNICO LEGAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD:
 
asesor;
 
en representación de la Dirección de Asesoría y Coordinación Técnica, su director;
De la SDG FISCALIZACIÓN:
 
en representación de la Dirección de Programas y Normas de Fiscalización, el jefe del Depto. Programas y Normas y el jefe de Div. Procedimientos y Normas de Verificación y Trámites; en representación de la Dirección de Información Estratégica para Fisc., el jefe del Depto. Sistemas y Diseño de Datos;
De la SDG RECAUDACIÓN:
 
en representación de la Dirección de Programas y Normas de Recaudación, su Director;
 
en representación de la Dirección de Procesos de Recaudación, su director;
De la SDG ASUNTOS JURÍDICOS:
 
la directora de la Dirección Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social;
 
en representación de la Dirección de Planificación y Control Judicial, el jefe de Depto. Planificación y Supervisión de Ejecuciones Fiscales y Juicios Universales de la;
De la SDG DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE:
 
la directora de la Dirección de Serv. al Contribuyente y al Usuario Aduanero y el jefe del Depto. Servicios de Asistencia;
De la SDG TÉCNICO LEGAL IMPOSITIVA:
 
el Subdirector General;
 
la jefa del Depto. Consultas Tributarias;
De las SDG OPERATIVAS METROPOLITANAS Y DE GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES: sus Subdirectores Generales;
De la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN OPERATIVA, su directora.
Asesores de la Administración Federal de Ingresos Públicos y Dirección General Impositiva.



Por Entidades privadas, públicas, profesionales:

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
Federación Arg. de Ent. Empres. del autotransporte de carga (FADEEAC)
Cámara Argentina de Comercio (CAC)
Cámara de Sociedades Anónimas (CSA)
Cámara de Exportadores de la Rep. Argentina (CERA)
Cámara de Importadores de la Rep. Argentina (CIRA)
Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)
Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA)
Cámara Arg. de Consignatarios de Ganado (CACG)
Cámara de la Ind. y Com. de carnes y derivados de la Rep. Arg. (CICCRA)
Coordinadora de las Ind. de productos alimenticios (COPAL)
Unión Industrial Argentina (UIA)
Asoc. de Supermercados (ASU)
Asoc. de Industriales Metalúrgicos de la Rep. Arg. (ADIMRA)
Asoc. de bancos de la Argentina (ABA)
Asociación de bancos privados de capital argentino (ADEBA)
Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA)
Sociedad Rural Argentina (SRA)
Asociación de fábricas de automotores de Argentina (ADEFA)
Asoc. de hoteles, restaurantes, confiterías y cafés de la CABA (AHRCC)
Federación empresaria hotelera gastronómica de la Rep. Arg. (FEHGRA)
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Cs. Económicas. (FACPCE)
Federación Arg. de Colegios de Abogados (FACA)
Federación Arg. de Graduados en Cs. Económicas (FAGCE)
Consejo Profesional de Cs. Económicas de la CABA. (CPCECABA)
Colegio de Graduados en Cs. Económicas de la CABA (CGCE)
Colegio de Escribanos de la CABA
Dirección Nacional de Impuestos
Tribunal Fiscal de la Nación.
 
Comisión Nacional de Valores (CNV)


Abre la reunión el Presidente del Foro, dando la bienvenida a un nuevo ciclo de reuniones y recalcando la importancia de las mismas dado que ayudan a mejorar la administración tributaria. A continuación el Secretario, plantea el comienzo del tratamiento del temario de la reunión.




Monotributo. Imposibilidad de considerar en el impuesto a las ganancias las compras realizadas a sujetos del R.S. incluidos en el régimen de inclusión.

El tema fue planteado por la Unión Industrial Argentina y, su representante en la reunión hace una breve consideración del tema y señala que, seguramente los presentes se sorprendieron al observar en el temario, un tema de Monotributo planteado por la U.I.A.; pero que, en realidad en este tema se vislumbra el amplio rango de actividades que están relacionadas con la Unión Industrial. Indicó que la reforma del régimen de Monotributo efectuada por Ley 26565 ha incorporado un régimen de inclusión social que, de alguna manera está reemplazando al contribuyente eventual -aunque no es exactamente eso-.
El expositor transmite una inquietud de la Industria Tabacalera; la cual tiene entre sus proveedores habituales a pequeños productores agropecuarios que proveen a la industria tabacalera de materia prima para obtener el producto final.
Gran parte de estos productores agropecuarios están en la franja entre $ 12.000 y $ 24.000 de venta anual.
Por la reforma de la Ley del Monotributo y por la ausencia –hasta el momento- de reglamentación, por parte de la AFIP, todas las facturas que reciben de este tipo de monotributistas que están bajo el régimen de inclusión social no son susceptibles de ser deducibles del Impuesto a las Ganancias.
La inquietud planteada es que hasta tanto la AFIP reglamente lo que la ley autoriza, para determinar cuales son las actividades y los supuestos que lo excluyen de esta imposibilidad de deducción, se está incrementando el costo, equivalente a la tasa del impuesto que no pueden deducir.

Interviene el Secretario del Foro e invita al asesor que representa a la Subdirección Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social, a desarrollarlo. El funcionario señaló que:

el régimen de inclusión social es sumamente beneficioso para todos aquellos trabajadores que quieren entrar en la formalidad de la economía y desde el punto de vista social, por la prestación médico asistencial;
todo esto está dirigido a un sector limitado en sus ingresos y en su producción, pero sería el escalón previo para entrar en forma progresiva a las categorías que prevé el Régimen Simplificado;
este régimen de inclusión social es muy beneficioso, es muy amplio y trata de comprender muchas variables de la situación económica en la que está el país en cuanto a la informalidad laboral;
en cuanto al planteo, lo que hay que tomar en consideración es la posibilidad de que en determinadas actividades, la facturación sea tomada como deducción en el Impuesto a las ganancias. Esto la Ley lo ha dejado para la regulación de la AFIP;
el monotributo de inclusión social es novedoso y de reciente implementación, por lo tanto es cuestión de evaluar distintas circunstancias que nos van a llevar a tomar alguna determinación al respecto;
lo planteado por la UIA puede extenderse a otro tipo de actividades, por eso es importante tener en consideración determinadas situaciones. También es importante destacar que la industria tabacalera tiene un régimen especial de ingreso para aportes y contribuciones por lo cual esto, estaría ligado directamente a la parte impositiva, quedando fuera, el Régimen de Seguridad Social ya que a este tipo de contribuyentes no están impedidos, en la medida en que sus negocios tengan una cierta continuidad, de estar en las escalas mas bajas del monotributo;
se entiende que el régimen de inclusión social es la puerta de entrada al régimen común;
todo lo comentado está en la Ley; ésta especifica que es un régimen para contribuyentes de bajos recursos dentro de los cuales están los talleristas, artesanos etc.


El secretario del Foro, manifiesta que queda por definir cuales serían las actividades alcanzadas; tomando el planteo especifico que hace la UIA con respecto a la actividad tabacalera y señala que se va a dar traslado del tema a la Subdirección de Fiscalización, donde hay un sector que está trabajando sobre el tema tabacalero y va a considerar también esta cuestión. Al día de hoy no están normadas las actividades que puedan deducirse en el Impuesto a las Ganancias.

Por su parte la jefa del Depto. Consultas Tributarias manifiesta que: este régimen de inclusión nunca puede ser deducido del Impuesto a las Ganancias y las excepciones son las que hay que evaluar por lo tanto del análisis se verá si se justifica o no la reglamentación. Señaló que es un régimen en el que los contribuyentes no ingresan para quedarse sino que en la medida que va evolucionando la situación económica, el responsable deberá ingresar por lo menos a las categorías mas bajas del monotributo. Concluyó que habrá que evaluar si se justifica o no efectuar esta excepción.

Una entidad participante preguntó cual es el motivo por el cual no se permite deducir del Impuesto a las Ganancias. A lo que el funcionario de la SDG Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social respondió que, en principio, da la sensación que por los montos de $ 24000 -como máximo- anuales, la Ley ha querido también evitar la evasión ya que un contribuyente puede inscribirse en este régimen y estar encubriendo una relación laboral como así también puede involucrarse emisión de facturación apócrifa; también puede ser el caso de simetría o asimetría en el Impuesto a las Ganancias –todos sabemos como funciona el impuesto a las ganancias en cuanto a las adquisiciones- entonces, el monotributista de este régimen no paga absolutamente nada, ni siquiera el impuesto integrado contra la eventual posibilidad que tendría el productor de deducir el impuesto a las ganancias, en ese sentido podría estar esta concepción.

El representante de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas manifestó cuales son los posibles argumentos por los que el legislador no contempló la deducibilidad del impuesto. El funcionario del área de Seguridad Social señaló que, de todas formas la cuestión ya está planteada y van a tomarla para mejorarla, que hasta ahora no hubo objeciones y que el Organismo aplica leyes tal cual están.

El Secretario del Foro agregó que se deberán detectar las actividades y da por cerrado el tema y plantea la siguiente cuestión a tratar.



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El Juicio de Ejecución Fiscal

La problemática gira en torno a inconvenientes en el trámite, falta de intimación, traba de embargos preventivos, tema planteado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, cuyo representante efectuó la presentación del tema.

El expositor manifestó que el planteo es desde el punto de vista de la práctica, aunque se sabe que desde el punto de vista de la normativa esto podría estar contemplado. Es como se dice en la actualidad “desde el punto de vista virtual y desde el punto de vista real” y señaló que:


La AFIP ha entablado una muy fuerte acción en el tema de las ejecuciones fiscales –cosa que antes no se hacía- y que en la realidad de las ejecuciones, en muchos casos no se hace con intimación previa, a veces pasa mucho tiempo hasta que la deuda se ejecuta y por otro lado no se hace un esclarecimiento previo ¿qué consecuencia tiene esto? El pago de honorarios a cobradores fiscales, los embargos preventivos múltiples, señalando que todo esto además, afecta la relación entre el profesional y su cliente.
No se está hablando de aquel que no paga sino de aquel que ha imputado incorrectamente el pago efectuado. A veces depende del cajero, del cadete que uno manda y no siempre se hace el control de la imputación y uno se entera cuando el gerente del banco llama advirtiendo que la cuenta esta embargada.
A veces se contesta una intimación de una manera otras de otra; ya que hay agencias que tienen algunos requerimientos y otras agencias, otros; en algunas van por recaudación en otras, por ejecución.
A veces las ejecuciones vienen por anticipos que el contribuyente no paga y otras, por compensaciones, cuando el contribuyente no se entera que le rechazaron la compensación.
Lo que proponemos, es que se agote la vía prejudicial para el cobro de la demanda fiscal, tal vez en la Capital Federal no se vea un planteo claro pero colegas del interior han opinado que se podría implementar un procedimiento similar al que hacen muchas veces las empresas de servicios públicos que efectúan una intimación previa. La DGI podría mandar una intimación manifestando que si el contribuyente no se presenta en diez o quince días la consecuencia es la ejecución fiscal. Se cree que de ser así el contribuyente va a pagar y va a ser un beneficio para los contribuyentes –tal vez no para los cobradores fiscales-.
Por otro lado lo que se plantea, es la problemática de los embargos. Casi seguro la respuesta es que a medida que se van embargando las cuentas los bancos comunican; pero la verdad es que cuando se embargan las cuentas y va el cobrador fiscal, se termina de solucionar este tema hay un plazo más o menos de 5, 6 a 10 días donde las cuentas están embargadas por muchísimo mas importe de la deuda. Esto luego se soluciona, pero lo que ocurre es que hay empresas con poco capital financiero y tener embargadas las cuentas por cuatro o cinco veces más de lo que se debe, teniendo en cuenta que el pago se hizo, es una importante complicación ya que lo que se está planteando es cuando por ejemplo, hay una compensación rechazada; es decir que el pago está hecho. Con todo esto, no sólo se perjudica el contribuyente sino que además se perjudica la relación entre el profesional y su cliente.
Si sobre este tema hay normas le gustaría conocerlas y que se hagan públicas de manera tal que los profesionales tengan herramientas para que esto funcione.
Como se dijo antes, hay un mundo virtual -que es el que se expresará a partir de ahora- y un mundo real, que es el que se acaba de expresar.
Tal vez esto no le ocurra a las grandes empresas pero como esto pasa todos los días; es un tema que se plantea para mejorar la administración y la relación fisco-contribuyente.


El secretario del foro invita a los expositores del Organismo, expresando que si el mundo real está alejado del virtual es interesante achicar la brecha existente y que si lo planteado ocurre tan recurrente y tan frecuentemente, habrá que analizar la normativa, las instrucciones y si los sistemas están funcionando como el Organismo cree que funcionan.

Se da intervención al Director de Procesos de Recaudación, quien señala que:

Resulta interesante recordar que desde Enero de 2008 se ha implementado el Sistema de Cuentas Tributarias, el cual entre sus objetivos principales se encuentran dos que hacen a esta cuestión: uno, trasparentar cual es la situación fiscal del contribuyente frente al Organismo. Esto es importante ya que permite conocer si existe alguna deuda o algún reclamo y es una herramienta que esta funcionando muy bien y que pocos países la tienen disponible para sus contribuyentes. El otro objetivo fue el de registrar oportunamente y con mejores herramientas internas, evaluar el cumplimiento de la normativa.
El Sistema de Cuentas Tributarias posibilita aún más, gestionar lo planteado por la Federación, ya que a partir de la implementación ha ido mejorando la detección de todas las deudas en condiciones de llegar al inicio del juicio de ejecución fiscal hasta el hecho de tener estandarizada la emisión, en forma mensual masiva, de boletas de deuda que abarca a mas de 2.500.000 contribuyentes que están controlados por el sistema de Cuentas Tributarias, esto hace a una mayor acción por parte de la administración en cuanto a este tema y ello está asociada a la posibilidad que nos da el sistema.
Cuando se menciona el juicio de ejecución sin intimación previa, es importante destacar que desde la emisión centralizada de boletas de deuda que representan el 95% del total de las boletas que se emiten en el país, nunca –desde la implementación del Sistema de Cuentas Tributarias- se ha puesto a disposición de la Agencia una obligación que no ha sido previamente intimada, notificada y no hubiesen pasado quince días desde esa notificación. Agrega que de tener algunos casos puntuales, sería conveniente acercarlos a efectos de analizarlos para ver la necesidad de ajustar los procedimientos.
Las Agencias y distritos también tienen la posibilidad de iniciar juicios de ejecución fiscal por deudas que seguramente se originan en fiscalizaciones sin que sean propuestas centralizadamente desde el Sistema y ahí la Administración –por la ley de procedimiento- está facultada en la medida que la deuda surja de una DDJJ presentada por el contribuyente; la agencia esta facultada para iniciar el juicio, sin intimación previa.
Mas allá de estas consideraciones, también es importante repasar los procedimientos internos mediante los cuales se llega a la boleta de deuda. Se hace una emisión mensual, donde el sistema propone los casos que deberían incluirse en una demanda; se analizan centralizadamente los casos sobre todo para detectar aquellos errores de imputación o algún problema que se pueda detectar en el sistema de cuentas tributarias o cuestiones puntuales. Estos casos son separados, o sea no se ponen a disposición de las agencias o distritos; es decir se publican para conocimiento pero en consulta aparte para hacer un análisis mas profundo. Además de hacer esta depuración centralizada, una vez que se publican los casos a las agencias y distritos, se les da una semana para que confirmen una por una esas deudas y si comparte el criterio de incluirlas en un juicio de ejecución fiscal o deberá decir cual es el motivo por el cual no se comparte y conservar la documentación que en definitiva respalda la decisión. Pasada esta semana se genera la boleta de deuda y se pone a disposición del área de cobranzas de cada agencia y los cobradores hacen su trabajo. En el momento en que se genera esta demanda el sistema hace un último control para ver si se ha efectuado algún pago de último momento, inclusión en algún régimen de facilidades de pago o compensación; en el caso que esto suceda no se genera la boleta de deuda. Este es el procedimiento normal y habitual desde el sistema de Cuentas Tributarias.


El expositor de FACPCE, que propuso el tema, manifestó que la objeción es la no verificación oportuna de control en el Sistema de Cuentas Tributarias ya que los pagos mal imputados deberían detectarse y que todavía no hay una cultura de control sistemático, dejan en claro que la herramienta está pero no siempre se utiliza.

Una entidad participante, plantea que: cuando se hace todo el proceso de verificación para luego emitir la boleta de deuda y si detecta un pago mal imputado genera un crédito en otro lado entonces ya habría una inconsistencia, por lo tanto el organismo debería enviar una nota al contribuyente, advirtiéndolo de esta situación. A ello, el funcionario de Recaudación responde que la mayoría de los casos son por error de imputación, pero hay que tener en cuenta que son mas de 2.500.000 contribuyentes y se buscan los errores de imputación mas lógicos ejemplo: el Impuesto a las Ganancias Sociedades que lo pagan como Impuesto a las Ganancias individual pero a veces hay errores de imputación que escapan a cualquier lógica y son muy difícil de detectar. Los casos que se detectan, se publican por separado a las agencias y distritos, quienes en la medida que su capacidad operativa lo permita, ponen en conocimiento al contribuyente para que corrija la imputación y se registre en forma correcta el cumplimiento de la obligación.

Siguiendo con el ejemplo, otra entidad señaló que puede suceder que algunos bancos no tienen habilitado algunas imputaciones como ser “Ganancias Personas Físicas”, entonces cuando una persona se presenta en el banco para cancelar el impuesto, cree que el banco tomó el pago pero en realidad no fue así y le aparece en Cuentas Tributarias un crédito pero no para ese impuesto y más tarde la ejecución fiscal.

El representante del área de Recaudación manifiesta que va a tener que relevar un poco más para responder con mayor precisión el funcionamiento de los bancos al respecto. El director de la Dirección de Programas y Normas de Recaudación (DI PYNR) señaló que un punto a considerar es la de emisión de los VEP, otro tema es el de los Bancos ya que se les distribuye lo que se denominan “parámetros”. Estos parámetros son enviados a las casas matrices y es responsabilidad de éstas mantenerlos actualizados; el claro ejemplo es el tema de los anticipos ya que éstos no pueden imputarse a un mes y el error más común es imputar anticipo 06/2009 cuando en realidad es el anticipo número 4 que venció en junio de 2009. Esto no ocurriría si los bancos tienen actualizados los parámetros. Asimismo señaló que no hay que perder de vista el tema de la boleta de depósito, ya que es una DDJJ y el Organismo no puede modificarla. Si por ejemplo se imputa a ganancias sociedades y es persona física, uno se pregunta por que no se manda a persona física? Esto es razonable y es lógico pero hay que hacerlo de una manera estructurada por eso existe el formulario de reimputación. En este tema puntual, como en el de los anticipos se podría avanzar en una compensación de oficio pero como ya se dijo de una manera formal y estructurada, dado el carácter de DDJJ de la boleta de depósito.

CPCECABA plantea para el caso de reimputación de compensaciones, que fecha se toma a efectos de considerar cancelada la deuda. A lo que el director de DI PYNR señala que no se permite tomar la fecha original cuando el error es del contribuyente.

A continuación expone el jefe del Depto. Planificación y Supervisión de Ejecuciones Fiscales y Juicios Universales. Señaló que:


La ley es clara al establecer que acreditados los pagos, el expediente es archivado con costas. Esto ya fue planteado en otras oportunidades y a través de la Ley 26044, se modificó la Ley 11683 incorporando un párrafo en el cual, cuando esto ocurre por primera vez (mal imputación de pagos o no comunicación de pagos), se exime de costas al contribuyente y esto se hace acreditando en el expediente o en sede judicial la mala imputación o falta de comunicación.
Existe una base de datos en la cual se cargan, a raíz de los correos que llegan de las dependencias, el detalle de los contribuyentes que hicieron uso de este beneficio ya que como es por única vez, esto tiene que ser controlado. La base puede consultarse en intranet, es completa y los agentes fiscales la consultan.
Para los embargos, el Organismo aplica un proceso que se llama cámara compensadora. Las entidades financieras tienen la obligación de entrar diariamente al sistema para saber cuales son los embargos que se han trabado ese día, tienen que bajar esa información, ver cuales son sus clientes y el saldo que tienen.
Esta información es recibida hasta la diez de la noche, desde las diez de la noche hasta las doce, el Organismo a través de este proceso -que es un proceso aleatorio ya que a veces la información está dada por número y otras ordenado alfabéticamente- selecciona qué banco va a embargar y qué banco no va a embargar, ya que si el contribuyente tiene una sola cuenta no hay duda de que es el que va a embargar, pero si hay más de un banco y todos informan se va a seleccionar cual va a embargar y a la mañana siguiente, desde la cero hora, el banco ya sabe que va a embargar entonces por ejemplo el banco seleccionado va a recibir un mensaje “embargue xx pesos” y al resto de los bancos le va a llegar “embargue cero” y por esto último debe entender que tiene que liberar los fondos. Esto surge de la comunicación del BCRA Nº 4422 la cual dice expresamente que tiene que liberar los fondos.
El problema es que muchos bancos se niegan a liberar los fondos porque no hay un oficio de levantamiento, a pesar que la comunicación se lo permite, además el riesgo que ellos argumentan no existe, sobre todo teniendo en cuenta que a través de la cámara compensadora pueden ver el saldo a embargar de cada oficio y si se observa “embargo cero” quiere decir que el embargo está cumplido; lo que no pueden saber es cuál es el banco que embargó.
Con todas estas precauciones no deberían tener impedimento de liberar los fondos excedentes.
Se está trabajando en la reingeniería del sistema SOJ, para el caso de un mensaje “embargo cero” aparezca “embargo cero oficio cumplido” u “oficio pendiente” ya que el embargo puede ser para fondos presentes y futuros.
El liberar los fondos no es facultativo para el banco ya que la comunicación del BCRA establece que debe liberar los fondos (antes el mensaje decía podrá). La comunicación 3970 del BCRA (modif. por la 4422), señala que: “Cuando la sumatoria de los saldos informados por una o mas entidades exceda el monto total reclamado –capital mas sumas presupuestadas para intereses y costas- el sistema seleccionará únicamente la cantidad necesaria para cubrir dicho total debiendo las entidades autorizar la disposición de los excedentes por el respectivo titular“ o sea que es bastante clara la norma, es un tema de responsabilidad.


Toma la palabra el representante de ADEBA. Aclara que no es especialista en este tema específico pero no está de acuerdo con lo que acaba de exponerse y que en la próxima reunión, se hará presente la persona entendida en el tema a efectos de continuar con este punto.

Otra de las entidades participantes, manifiesta que es claro como está redactado, pero en la práctica no se da. Es importante aclarar este punto ya que todo el proceso demora aproximadamente cinco días y la relación queda totalmente resquebrajada por lo tanto es importante aclarar esta situación que pertenece al mundo real y no virtual.

El funcionario del área Control Judicial, manifestó que es correcto el planteo pero que no es voluntad de la AFIP embargar más de lo que debe y que el proceso está encaminado a no hacerlo; puede haber inconvenientes.

El secretario del foro agrega que se planteó como debería funcionar el sistema y que lo que habría que determinar es cuales son y donde se dan los inconvenientes para poder solucionarlos, además hay que saber la recurrencia con la que suceden estos problemas. Por lo tanto es interesante que acerquen los problemas puntuales, se va a incorporar este tema en la próxima reunión; entendiendo que el sistema está funcionando pero si esto no se traduce en un funcionamiento claro y sin problemas evidentemente hay un problema y debemos detectarlo para tratar de encontrar la solución.

El representante de ADEBA agrega que no cree que sea un problema de sistema -aclara que no es entendido en ese tema- sino que debe ser más que nada un problema desde el punto de vista legal, que el tema lo va a pasar a las dos comisiones de la Asociación, tanto a la de sistemas como a la legal.

El expositor de este Organismo agregó que las entidades financieras aducen que no tienen un oficio de levantamiento, dado que éste es único y, de existir más de uno, harían que se levanten todos; como hay que transferir fondos que están embargados del banco, ésa transferencia la tiene que ordenar el juez; el agente fiscal no está facultado porque hay un desapoderamiento, por lo tanto, hay que pedir al juez que realice la transferencia; al no efectivizar esa transferencia no se puede cargar el oficio de levantamiento


Ante la consulta respecto de cómo es el procedimiento si hay más de un titular, el expositor manifiesta que ahí, la medida se efectivizará sobre la parte indivisa que corresponde al titular únicamente -es una comunicación del banco central -

La FAGCE solicita plantear el tema desde otro enfoque que tiene que ver con el derecho de fondo y el carácter que tiene una medida cautelar ya que estima que se está confundiendo -cuando se comienza con el embargo- lo que es una cautelar de lo que es la ejecución de la deuda o incluso una medida coactiva por no decir extorsiva. Señala que el planteo va mucho más allá –pues lo mas fácil para la AFIP, es embargar la cuenta bancaria- ya que de hecho, en ese mundo virtual o real, está ejecutando la deuda con la información con la que cuenta el Organismo, sobre los bienes del deudor y con la información que puede llegar a tener. Opina que debería haber un paso previo para no desnaturalizar lo que es una cautelar y que se debería embargar otros bienes distintos de la cuenta bancaria, ya que ello pone en riesgo el funcionamiento mismo de la empresa; debería trabarse la medida por otros bienes que aseguren el crédito fiscal, y de ese modo se diferencia lo que es ejecutar la deuda de lo que es tomar las medidas que aseguren el crédito fiscal.

El secretario del Foro, agrega que lo planteado es un tema de estrategia de la administración.

De la FAGCE vuelven a hacer hincapié en que la administración cuenta con información de otros bienes y que embargar otros bienes no cuenta con el impacto que tiene embargar cuentas bancarias.

El secretario del foro agrega que cuando se tiene una acreencia se va a querer cobrar, y esta es una herramienta para llevarla a cabo.

La FAGCE solicita que se revise este accionar ya que está en riesgo el funcionamiento de la empresa.

Otra entidad participante expresa que los bancos prestan servicio para la AFIP, entonces desligarse del problema diciendo que no es un problema de la AFIP sino de los bancos con los contribuyentes y que el contribuyente tiene que arreglarlo con el banco, pone al contribuyente en una situación difícil ya que éste tiene que arreglar con el banco cuando en realidad el contribuyente a veces no sabe de que se trata.

Traen el ejemplo de un banco que embarga más de lo debido, el área jurídica del mismo es el que debe saber cual es la relación con su cliente, si es una cuenta individual, si es una cuenta sueldo y porque mantiene un embargo si el embargo es cero.

El representante de ADEBA señala que no es entendido en esta problemática, pero que el banco actúa porque la AFIP le da la orden que actúe y además el banco es solidario entonces una cosa es decir que las normas no están claras y señalar cuales son los problemas con los que se cuenta, y otra es decir que el problema es del contribuyente con el banco ya que esto no sólo no es serio, sino tampoco responsable, porque en realidad el banco trabaja por cuenta de la AFIP.

El secretario del foro agrega que este tema ya está planteado y que hay varios factores que están interviniendo banco-cliente-AFIP-juez que se deberá analizar muy profundamente y que habría que ver porque si a los bancos les llega embargo cero, no obstante embargan. Manifiesta que se va a seguir tratando el tema para que ADEBA presente la posición de la Asociación de Bancos.

FACPCE pregunta si es centralizada la ejecución o si es decisión de la agencia también. Se contesta que la decisión la tiene el que recibe la demanda –es decir la agencia- lo que ocurre es que el proceso se encuentra centralizado.

La Subdirectora de Operaciones del área operativa metropolitana expresa, para tranquilizar un poco esta cuestión y comentar lo que está ocurriendo en metropolitana, que los errores de imputación se están verificando uno a uno. Luego se lo notifica al contribuyente.


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Comentarios sobre temas Operaticos consultados

A continuación se trataron los siguientes temas operativos:

Temas vinculados al Area de Fiscalización

Recupero por exportaciones: cambio de destino
El jefe del Departamento Programas y Normas de la DI PYNF señaló que se está trabajando en la adecuación de los sistemas para poner activa esta funcionalidad, tarea que viene demorada ya que hay que adecuar tanto los sistemas de administración como los de fiscalización.
El secretario del foro agregó que se reflotó este tema a partir de una reunión de este Foro que se efectuó el año pasado, donde se planteo que se encontraba inactivo el cambio de destino. Actualmente el sistema está definido, pero falta anexarlo al de administración y a la brevedad estará operativo.

. RG. 2763/10 (sustitutiva de la RG. 4120): alcance del concepto “apoderados”
La misma área de la DI PYNF contesta al planteo formulado por al UIA., señalando que la idea es individualizar a los apoderados del tipo legal y fiscal, a efectos de detectar que persona es la que actúa frente a la AFIP. Esto sería aplicable a los poderes firmados ante escribano, poderes generales, y aquellos en los que no se utilizó Formulario 3283, el cual no debe ser informado. En el sistema  registral aparecen todos los que están con poderes a través del Formulario 3283. Aclara que no son esos poderes, sino los que tiene una empresa y para un determinado requerimiento, es una persona designada para actuar ante el fisco, para inspecciones, gestionar recuperos y que no se utilizó el formulario 3283.

Una entidad participante plantea que la preocupación radica en no informarlo y que en una etapa posterior se plantee que si, debería informarse a través del sistema registral. El formulario 3283 debería ser informado? La respuesta fue que no.

El director de la Dirección de Programas y Normas de Recaudación (DI PYNR) señaló que se fueron detectando inconsistencias en el Sistema Registral, por ej si no están informados los componentes de la sociedad; se detectó que una S.A. tiene que tener informado por lo menos un accionista con lo cual en el formulario 460-J, habría que cambiar el criterio y en la parte de “observaciones” cambiarlo por la palabra “accionistas” para solucionar este inconveniente.

Una entidad participante plantea que: con la lógica que se manifestó, si un accionista no está en el sistema registral a través de la RG 4120, la AFIP tiene ese dato.

El director de DI PYNR respondió que esto es real y más de una vez se ha estudiado la duplicidad de información que puede generarse, pero también es cierto que hay una estrategia de la Administración que es la de contar con cierta información puntual en un aplicativo; hemos visto que por ejemplo, cuando se hizo en ganancias la ampliación de la versión 7 de Sociedades, uno de los planteos que se hizo es que se pedía información que el organismo ya tenia.
Siguió señalando que respecto del tema de accionistas lo que hay que tener en cuenta es que en el medio hubo varios hechos: las RG 2325 y 2337 establecieron la inscripción de sociedades mediante la presentación del aplicativo F 420/J, el cual exige obligatoriamente la carga de por lo menos dos accionistas o socios. Después salió el reempadronamiento de exportadores e importadores por sistema registral, entonces, en toda esta línea de control primario, los operadores debían informar los integrantes y accionistas y luego podrían reempadronarse.  

El objetivo central fue validar al momento del reempadronamiento que haya cumplido con los pasos anteriores (informar los integrantes de la sociedad).<

Emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes:
El presente tema fue planteado por la Cámara de la Ind. Aceitera de la Rep. Argentina y la preocupación consiste en la incorporación de nuevos sujetos, fecha a partir de la cual el sujeto notificado queda incluido en el régimen, plazo con el que se cuenta a fin de implementarlo.
El secretario del Foro señaló que el área que tiene competencia sobre la cuestión en trato es la Subdirección General de Fiscalización, la cual previamente a la incorporación de un sector, efectúa un análisis del mismo y de su modalidad de trabajo y se lo cita. Esta tarea se hace con suficiente antelación y ninguna incorporación se produce de manera intempestiva.
COTI: incremento del monto a partir del cual surge la obligación de informar.
El jefe del Depto Sistemas y Diseño de Datos de la Dirección de Información Estratégica para Fiscalización señala que la RG. 2371/07, establece la obligación de que todo titular de un inmueble que pretenda su negociación, transferencia u oferta, y siempre que su monto superara los $ 300.000 está obligado a gestionar el Código de Oferta de transferencia de Inmueble, esta resolución entró en vigencia a partir de Marzo de 2008.
El planteo de la Cámara es que ese monto representaba 96.000 dólares y con la valuación que fue teniendo la cotización del dólar ahora ha quedado rezagado, por lo que se pide actualizar el monto de $ 300.000.
En su momento hubo reuniones y lo que se planteó es la responsabilidad compartida con el titular en caso de ofertar un inmueble que no tuviera COTI, en función de ello se flexibilizó la RG, se admitió que las inmobiliarias generaran el COTI en nombre del titular y se habilitó la posibilidad de que en caso que el titular se negara a gestionar el COTI, las inmobiliarias pudieran denunciar esta situación a efectos de resguardar su responsabilidad, relacionada con el régimen informativo.
Si bien es atendible el planteo que hace la Cámara, en lo que respecta al monto de operaciones hay que considerar que la política actual de la administración es tratar de obtener la mayor cantidad de información, fundamentalmente de información sistematizada (toma como ejemplo el certificado de transferencia automotor). Con la RG. 2729 se estableció la obligación de informar a partir de Enero/10 y debía generarse para operaciones de venta de automotores usados cuando superan los $ 50.000, pero paulatinamente se va disminuyendo el valor, y a partir del 01/05/2010 van a estar obligados a tramitar el CETA cuando el valor supere los $ 40.000 y a partir del 01/08/2010 cuando superen los $ 30.000; lo que se esta buscando es ampliar la base con la que se efectúa la operación. En este momento no es viable acceder a la solicitud de adecuar el monto de la solicitud del COTI.


Temas Vinculados al Area de Recaudación:


Reducción de anticipos:
El director de la Dirección de Programas y Normas de Recaudación (DI PYNR) señaló que la consulta versa respecto a si hay un error o no en el sistema de cuentas tributarias cuando alguien quiere hacer una opción en más, para pagar anticipos. Expresa que no hay error en el sistema de cuentas tributarias; éste solo permite reducir y no incrementar el monto de los anticipos estimados, situación que se da en el caso de contribuyentes que estimaron la reducción de anticipos en base cálculos estimados y que en el transcurso del ejercicio se modifica su situación.
El sistema está acorde a lo normado por el artículo 15 de la RG 327, en el cual se establece la reducción de anticipos, pero no hay ninguna norma que permita el incremento, es decir no está prevista la presentación de una rectificativa para pagar más. El esquema es que cuando se hizo la estimación puede haber pasado que ésta sea correcta o equivocada, si pasa esto último puede ser que la DDJJ no estaba bien presentada, pero puede suceder que venga de hechos nuevos y comprobables. No esta previsto en el sistema de cuentas tributarias porque esta situación no está prevista en las normas.

El representante del CPCECABA consulta si llegará la intimación por anticipos no ingresados al incrementarse la estimación. A lo que el director de DI PYNR contestó que por los anticipos no pagados entre los primeros y esta nueva opción llegará intereses por anticipos no ingresados ya que no esta previsto en la norma.

Una entidad participante plantea que los intereses corresponden a la diferencia entre lo que pague y la nueva proyección. Se responde que corresponde los intereses por los anticipos que quedaron en cero, no hay un error de sistema a lo sumo es un error de definición. El sistema funciona bien y los intereses corresponderían en ese caso.
Dificultades con el nuevo aplicativo del SICORE
El director de DI PYNR señala que es un cambio ex profeso. Manifiesta ¿qué se hacía con el aplicativo del SICORE beneficiarios del exterior? Se consignaba, por ejemplo país “Afganistán” y en la parte del retenido-percibido volvían a repetir el número de CUIT del país “Afganistán”, lo que se pretende que el sistema haga, es que identifique al sujeto del exterior a través de alguna identificación tributaria del exterior o algún documento del exterior, que no consigne el número de CUIT del país, entonces se cambió la identificación, no es un error de definición.
CDI para accionistas radicados en el exterior
El director de DI PYNR manifiesta que el aplicativo exige que pongan el CVDI de los accionistas. Esto viene por la obligación generada por el Decreto 812/98, cuando se crea el SITN (sistema de identificación tributaria y social), el que no tiene un fin meramente tributario; se pretende identificar a personas físicas y jurídicas que tengan patrimonio en el país mas allá que tengan una obligación tributaria; resultan ser titulares de un capital de una sociedad y por eso tienen que tener una identificación. Esta obligación viene dada por este decreto y luego el decreto 1108/98, completa al anterior.
Escisión. Necesidad de contar con una CUIT
El director de DI PYNR indica que el Organismo necesita que si la sociedad no tiene la inscripción en la IGJ, la gestione y para ello tiene 90 días; con el inicio del trámite en la IGJ se las inscribe como sociedad en formación.
El problema que se plantea es que la escisión ni siquiera tiene un trámite en la IGJ entonces lo que se plantea es tener un numero de CUIT antes de iniciar el tramite en la IGJ y esto no está previsto.

Una entidad participante agrega que hay un pasaje de tiempo entre el acta de escisión y la publicación de edictos para que la IGJ inicie el tramite, entonces lo que se plantea es que esa nueva sociedad pueda actuar desde el momento de inicio de la reorganización.

El funcionario de DI PYNR indica que todo esto hay que estudiarlo ya que se ha pasado de tener esta partida de nacimiento -que sería la inscripción- y ahora se dio un paso atrás y con el mero inicio del tramite se inscribe a la sociedad en formación, ahora se pide un paso mas atrás y sin ningún papel el órgano registral tome la inscripción de la sociedad. Indica que esto requiere un estudio profundo y una modificación normativa; pensemos que esto involucra a la Ley 26047, que crea el Registro Nacional de Sociedades. A partir de la creación del Registro, los números de CUIT se van a dar en los Registros Provinciales y en la IGJ para Capital Federal, como se hace hoy con la RG 2325, ya no va a intervenir la AFIP con lo cual con el Registro Nacional se va a complicar toda esta cuestión.


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Comentarios


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Agrega que se está trabajando en los temas pendientes de las reuniones anteriores y que se darán a conocer las novedades que se tengan.

Luego de saludos de forma, invita a la próxima reunión a efectuarse en el mes de abril próximo, dando por concluida la presente.




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